La Administración Pública y Ciencias Políticas es una profesión que se ha desarrollo a lo largo de los años como la actividad principal para la organización del servicio público dentro del Estado. Por ello, es necesario establecer algunas importantes consideraciones dentro de su práctica profesional desde un contexto internacional y nacional.

Comenzaremos con el antecedente más antiguo de esta profesión cuando la Administración Pública como ejercicio académico dio inicio en 1727 dentro de las universidades alemanas de Halle y Frankfurt del Older, teniendo como objetivo la superación de las limitaciones de la formación jurídica de los funcionarios prusianos, por medio de una carrera universitaria totalmente nueva: Profesión en Economía, Policía y Cameralística, destinada a su preparación dentro de las no menos novedosas disciplinas conocidas como ciencias camerales. Los profesores, profesionales y los alumnos eran llamados cameralistas, y todos ellos demostraron que, por conducto de la formación universitaria, se podía elevar la calidad de desempeño de los funcionarios y su repercusión visible fue la elevación de Prusia entre las grandes potencias de la Europa de su época. (Guerrero, 1995: XXIII)

En México un elemento importante fue el despegue del modelo económico de industrialización nacional impulsado por el sector público en la década de los cuarenta del siglo XX, esto generó la necesidad de un Estado como institución encargada del desarrollo económico del país; en esta época, las instituciones públicas fueron manejadas por profesionistas sin una formación académica adecuada y los puestos más altos del sector público estaban ocupados por egresados de la carrera de Derecho. Con el tiempo, los abogados comenzaron a ser desplazados por egresados de otras carreras ya que se requirió de personal con conocimientos más especializados; las instituciones públicas en expansión enfrentaron problemas más complejos iniciándose con ello una etapa de racionalización y búsqueda de la eficiencia por lo que se incrementó la necesidad de crear una escuela de estudios superiores que incluyera carreras en el ámbito de la Ciencias Sociales para conocer a fondo la problemática social y plantear posibles soluciones a esta.

Es así que en 1949 se presentó el Proyecto de la Ley Orgánica para establecer la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales que en 1957 bajo la dirección del Dr. Pablo González Casanova inauguró el primer seminario de Administración Pública dando lugar a la modificación de la entonces carrera de Ciencias Políticas, añadiendo a ella, la de Administración Pública por considerarse una disciplina con objeto y campo de estudio íntimamente ligados. Es así que se originó la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. (Döring, 1992: 46).

Este fue un momento importante en la historia de la profesionalización de la función pública en México por tratarse de un planteamiento académico formativo e institucional desde la máxima casa de estudios.

La Licenciatura en Administración Pública tuvo su origen formal en 1958 a nivel nacional, desde entonces proliferó por todo el país y curiosamente, en contraste a la tendencia de concentración administrativa del México contemporáneo, ha sido una de las carreras mejor distribuidas en el territorio nacional. Preferentemente ha sido impartida por universidades, fundamentalmente las públicas, aunque también sus cursos se han desarrollado en algunas asociaciones civiles y en universidades privadas. Fue así que la enseñanza de la Administración Pública se efectuó mediante dos modalidades: Las universidades y las escuelas profesionales. (Guerrero, 1995: 96)

Parte de este proceso de difusión formativa fue aquel impulso que se le dio desde la creación del primer programa de esta profesión en la universidad más reconocida del país, fundamentalmente por la amplia necesidad que se tuvo para que el sector público tuviera recursos humanos mejor formados. La tradición en Ciencias Políticas requirió de modalidades académico-administrativas donde se ha impartido la carrera en Administración Pública presentando las siguientes características:

• Escuela de Administración Pública

• Escuelas y Facultades de Ciencias Políticas y Administración Pública

• Facultades de Ciencias Políticas y Sociales

• Departamentos de Derecho y Ciencias Políticas

• Instituciones Educativas en Ciencias Sociales

• Facultades de Comercio y Administración

• Escuelas de Administración

• Centros de Relaciones Internacionales

Cabe resaltar que las diferencias organizacionales de estas modalidades obedecieron a tradiciones curriculares, a perfiles profesionales diseñados y al peso disciplinario que dominó su orientación intelectual. De esta manera la Administración Pública en México fue ofrecida bajo tres títulos profesionales: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas, y Licenciado en Administración Pública. Es así que la Administración Pública y las Ciencias Políticas fue una profesión contemplada para la actividad Estatal porque su propósito emanó de la exigencia para comprender y satisfacer las necesidades funcionales de la organización del Estado mexicano. (Guerrero, 1995: 97)

La forma en la que esta profesión se “credencializó” fue para entender desde la perspectiva teórica de la ciencia política la razón de ser del Estado como fuente de poder político, y desde la Administración pública para comprender la estructura del aparato gubernamental como parte ejecutiva del Estado.

Continuando con los antecedentes de la Administración Pública y las Ciencias Políticas como práctica profesional fue en el año de 1971 cuando se registró un decremento en el ingreso de esta Licenciatura, aunque sus egresados gozaron de gran demanda en un amplio mercado de trabajo dentro el sector público ocupando principalmente puestos de alto nivel, todo esto producto de los amplios espacios en el sector gubernamental de aquella época. (Döring, 1992: 50).

Es aquí donde se conformó una paradoja al existir la reducción de la demanda formativa dentro del programa como profesión y al mismo tiempo el amplio catálogo de oportunidades laborales en un amplio espacio dentro del sector público.

Fue a partir de la crisis económica de 1982 y más adelante con el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) emanado de la crisis inflacionaria de 1986 que se comenzó a realizar un proceso de simplificación en la Administración Pública como estrategia de reducción en su gasto corriente, a esto debemos aumentar la implementación del modelo económico que se implementó a partir de 1988 el cual replanteó y minimizó el campo laboral del Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública redefiniendo su práctica profesional como intermediario y negociador de los intereses sociales generando la diversificación profesionista en el sector público con el requerimiento de otros perfiles como Relaciones Internacionales, Administración de Empresas y Economía por citar algunos. Por otra parte, la crisis económica de 1994 también fue un factor en la práctica profesional del Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la escasez de empleo al reducirse su espacio de inserción laboral además de la inadecuación total de su accionar laboral en relación con su perfil profesional. (Treviño, 2011). Estos hechos representaron un primer momento para replantear el esquema formativo y práctico en el ejercicio profesional de la administración pública y ciencias políticas como profesión.

René Villareal (1988) en su texto “De la Revolución tardía a la restructuración industrial” estableció que dentro del mercado laboral actual la oferta de fuentes de trabajo ha requerido de trabajadores cuyas habilidades y capacidades se encuentren íntimamente ligadas al manejo y procesamiento de la información, es decir, que para la práctica profesional del Administrador público y politólogo es necesario contar no sólo con los conocimientos adquiridos dentro de su plan de estudio formativo sino además manejar otras áreas del conocimiento así como innovadoras habilidades de corte teórico, administrativo, económico y tecnológico, sin olvidar el uso de idiomas y programas informáticos, lo cual ha provocado dificultades en su inserción dentro del mercado laboral dirigido al servicio público. A su vez Villareal planteó que el papel del Estado en esta época en contraposición al comportamiento del Estado en el curso de la Segunda Revolución Industrial donde jugó un papel activo, ahora se ha revertido, que en efecto, en la pasada revolución industrial la presencia de la economía fue determinante para sus efectos expansivos, pero en este tiempo y espacio con la entrada de un modelo económico distinto, las actividades del Estado se han visto minimizadas en su función rectora de la economía y paraestatal, así como en el replanteamiento de su quehacer administrativo como gerente público de la seguridad en el comportamiento de los grandes capitales a través de los mercados financieros.

Omar Guerrero (1995) estableció una importante apreciación cuando la aplicación del modelo neoliberal en México comenzaba a ser una realidad mediante la inclinación a favor de la privatización lo cual reforzó un mito que perduró durante mucho tiempo: que la administración pública y privada obedecían a los mismos principios, que compartían idénticas tecnologías y que sus respectivos egresados serían intercambiables dentro del sector público. Guerrero mencionó que la Administración Pública se hallaba desprestigiada, parte como verdad, parte como mentira, y que ya no constituía un estímulo laboral para los administradores privados concluyendo que los críticos presagiaban un estancamiento de la profesión por su hipertrofia, magnitud y desorganización, finalmente vista como causa de muchos males en el país por el desgaste que tuvo por la corrupción imperante durante la década de los ochenta y noventa. Guerrero concluye haciéndose el siguiente cuestionamiento: “¿Cómo un administrador público podrá seguir colaborando en un ámbito tan deficiente?” Manifestando que no son intercambiables los egresados de carreras diversas, que el sector privado logró un valor social predominante, dedicando a sus estudiantes a nutrirse en un espacio nuevo y reconocido que les fue propio al reducirse gran parte del sector público.

Jack Delors (1997) en su informe titulado “La educación encierra un tesoro” mencionó que todos esperan algo de la educación, entre ellos, los adultos que se encuentran trabajando, a su vez, que una de las estrategias debe incluir el empleo de los medios que ofrece la sociedad de la información. Por ello, la formación profesional de la Administración Pública y Ciencias Políticas ha sufrido continuos replanteamientos en sus planes de estudio ya que las características de un perfil profesional han debido corresponder con las necesidades del campo laboral dentro del sector público, lamentablemente para muchos de los egresados en esta carrera ha sido difícil la inserción al mercado de trabajo debido a que los perfiles requeridos han sido para profesiones como la Administración de empresas, la contaduría pública, la actuaria, entre otras.

Es indudable que para esta época en América Latina se ha vivido una crisis del Estado como lo menciona Manuel Castells (2004) en su ensayo titulado “¿Es sostenible la globalización en América Latina?” ya que, en cierto modo, el Estado latinoamericano era un Estado clientelar basado en la alianza de sectores populares organizados y clases medias dependientes del empleo y la redistribución; es aquí donde el Estado se descompone a sí mismo y deja de ser un Estado nacional, en el caso de México durante los sexenios presidenciales de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León el Estado mexicano comenzó con la privatización de empresas paraestatales y la simplificación del servicio público dentro de su función administrativa. Por su parte, León Bendesky (2004) planteó que sobre esta visión del modo de funcionamiento de la economía capitalista gira un amplio debate referido al papel del Estado en la economía y el espacio que corresponde al mercado, por lo cual se puede establecer que profesiones como la Administración Pública y las Ciencias Políticas se han visto mermadas debido a la disminución de su demanda en el sector laboral.

Por su parte Rolando Barrera Zapata (2011) en su ponencia titulada “Retos y desafíos que enfrenta el administrador público y politólogo en la época actual” planteó que la alternancia política ha dejado a ciertos segmentos del sector gubernamental de nivel intermedio fuera de la administración, teniendo que aguardar la posibilidad de que el arribo al poder de los antiguos les permita reincorporarse en algún lugar a los desplazados. Esto ha provocado la necesidad de mayor adaptabilidad de los servidores públicos dentro de un mercado de trabajo reducido y además cambiante, una de las apreciaciones más claras es cuando se menciona el traspaso de la Administración Pública a la Gerencia pública como elemento fundamental de renovación en el perfil profesional de esta carrera.

Como conclusión se debe entender que la globalización como proceso planetario se ha encontrado con diferentes interpretaciones sobre su origen y desarrollo. El sociólogo alemán Ulrich Beck conceptualizó como globalismo a la visión únicamente economicista de este proceso y en donde se encuentran plasmadas las principales características de su modelo económico contemplando la reducción de la actividad estatal. El término globalidad expuesto por el mismo autor hace referencia a otro elemento del proceso de globalización compuesto por los mercados financieros, la revolución tecnológica en comunicaciones, los derechos humanos, las industrias globales de la cultura, los conflictos ecológicos, etc. (Coronado, 2001)

La Administración Pública y Ciencias Políticas es una profesión que ha sufrido cambios en su formación y práctica profesional debido a las condiciones y elementos que componen al proceso de globalización a partir de la última década del siglo XX y la primera del XXI repercutiendo en el campo de actividad del administrador público y politólogo al dificultar su inserción laboral en la actualidad. Estos factores han generado una serie de replanteamientos tanto en el proceso de planeación formativa (planes de estudio) como en el desarrollo de su práctica profesional (perfil de egreso y actividades dentro del servicio público).

Algunas recomendaciones a toda esta coyuntura comenzarían con la implementación de los procesos de evaluación educativa por parte de las instituciones de educación superior al realizar estudios de egresados y empleadores antes de generar cualquier ejercicio de planeación curricular. Que los procesos de selección laboral dentro del sector público se realicen mediante un servicio profesional de carrera en todos sus niveles y circunscripciones. Que el proceso formativo curricular verdaderamente coincida con las necesidades que el mercado de trabajo posee dentro del sector público para facilitar las condiciones de inserción laboral de los egresados en Administración Pública y Ciencias Políticas. Que las asignaturas dentro de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas posean elementos que relacionen tanto aspectos teóricos como prácticos para lograr una integración más eficiente en su proceso de enseñanza-aprendizaje, además de contar con la promoción de actitudes como la ética profesional y la vocación de servicio. Que las Instituciones de Educación Superior generen acuerdos laborales con dependencias e instituciones públicas para brindar mayores oportunidades de empleo a los egresados de Administración Pública y Ciencias Políticas y que los futuros egresados de esta profesión logren una constante preparación académica que actualice su adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y promoción de actitudes para poder enfrentar de manera más acertada los retos profesionales que se le avecinan.

Referencias

Barrera, R. (2011) “Retos y desafíos que enfrenta el administrador público y politólogo en la época actual”, Guion de la conferencia impartida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, por invitación de los egresados de la generación 1981-1986, el 19 de febrero de 2011, Toluca, México; pp. 8

Bendesky, L. (2004) “Política económica y bienestar social en el contexto de la globalización” en María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera (Coord.) Las universidades de América Latina en la construcción de una globalización alternativa, Universidad Iberoamericana Puebla, pp. 325-341.

Castells, M. (2004) “¿Es sostenible la globalización en América Latina?” en María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera (Coord.) Las universidades de América Latina en la construcción de una globalización alternativa, Universidad Iberoamericana Puebla, pp. 99-123

Coronado, J.L. (2001) “Reseña ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización de Ulrich Beck”, Revista Frontera Norte, enero-junio, Vol. 13, Núm. 25, Redalyc, consultado el 8 de Junio del 2012 en http://redalyc.uaemex.mx/pdf/136/13602508.pdf

Delors, J. (1997) La educación encierra un tesoro, UNESCO, ed. Dower, pp. 175

Döring, E. (1992). “La enseñanza de la Administración Pública en México”. Revista de Administración Pública UNAM, pp. 47-51.

Guerrero, O. (1995) La formación profesional de Administradores Públicos en México, Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo (CLAD), pp. 1-281

Treviño, C. J. (2011). “El futuro de Administración Pública en México”. pp. 69-81, Disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/73/trb/trb5.pdf

Villareal, R. (1988) De la industrialización tardía a la restructuración industrial, Editorial Diana, México, D.F., pp. 65.