Cabe preguntarse qué habría ocurrido si México, conquistada la independencia, no hubiera optado por el federalismo para organizar la naciente república. Agustín de Iturbide no tenía otra referencia que el imperio. Huérfanos de rey, hijos de una variedad de virreinatos, los mexicanos de la Junta Gubernativa que, en 1821, delegaron la Regencia del país en aquel general, tampoco la tenía, salvo la del vecino al norte. Pero los padres fundadores de los Estados Unidos de América, tampoco. En sus discusiones a puerta cerrada (los debates fueron reservados por más de 50 años) para decidir qué forma debería optar el gobierno, se proponía, desde luego la unión, pero encabezada por un rey elegido que podría designar a su heredero. La Constitución, al final, no incluyó tan infame precedente. Nadie puede decir que el régimen estadounidense haya nacido perfecto. Sin embargo, las discusiones no buscaban crear una organización político-administrativa, sino un sistema que preservara la democracia. Con trece colonias independientes entre sí, con capacidad de autogestión e instituciones de gobierno y legislativas ya fuertes, y ante la amenaza de la corona inglesa por reclamar sus antiguas colonias y la presencia de otras potencias europeas (España poseía la Florida y sus territorios coloniales se extendían al oeste y suroeste, en tanto Francia era propietaria del hoy estado de Luisiana), no parecía haber salida más que la unión. Federarse parecía lo más acertado. Se trataba de una forma organizativa decidida por ciudadanos libres e iguales que constituían la mayoría de la población. Sesenta por ciento, aproximadamente, de los habitantes de las colonias tenían el estatus de ciudadano, algo que difícilmente se puede decir de los fundadores mexicanos ̶ élite criolla que pretendía los fueros que el virreinato les negaba ̶ y la realidad de su tiempo.

Más importante, sin embargo, es un hecho incontestable: no había instituciones democráticas. Las decisiones las tomó una minoría ilustrada que, repudiando la monarquía española, miraba la experiencia de los Estados Unidos como modelo, sin tener los antecedentes de gobiernos locales autónomos, produjo un efímero Agustín I. Podríamos decir que el espíritu conservador, pese al liberalismo de las Cortes de Cádiz y sus fundamentos de soberanía popular, derechos del hombre y el ciudadano, etc., que lo encumbró de inicio, se mantuvo a lo largo del siglo XIX en Santana, Maximiliano, Juárez y Porfirio Díaz, todos ellos, en la práctica, centralistas y antidemócratas, aun si los dos últimos no abjuraron del federalismo, incluso lo fortalecieron, que venía asentándose en el imaginario colectivo. Asimismo, ocho distintas constituciones que declaraban a la nación república centralista, parlamentaria, federalista o presidencial, con provincias, departamentos o estados como integrantes (pasamos de diecisiete provincias a treinta y dos entidades federativas en el lapso de dos siglos), según las circunstancias políticas y el grupo vencedor del momento. Las primeras constituciones estatales datan del siglo XIX conforme se definía una u otra constitución nacional y se multiplicaban los estados. Nuestros vecinos, tuvieron su primera constitución tan pronto como 1776, en Virginia, tras la Independencia, a la que siguieron, prácticamente de inmediato, las correspondientes a las demás excolonias, ahora estados libres y soberanos.

Nuestro federalismo nace desde arriba y desde el centro. El largo camino hacia una federación más o menos funcional depende de este centralismo en el que la democracia no había jugado un papel relevante, sino hasta ahora. Independientemente de que nuestro sistema democrático pueda sobrevivir contra sus enemigos, el federalismo seguirá siendo una realidad condicionada por el gobierno central. Más ahora que, tras un siglo de consolidación del Estado nacional, no parece haber avenidas para un papel de mayor calado para estados y municipios. Con todo, es bastante lo que los gobiernos subnacionales han conseguido en México. No se podría entender el país sin ellos, pero resulta difícil creer que algo cambiará al respecto. En ese sentido, la segunda parte del curso nos ha presentado un panorama basto de los aspectos presupuestales y fiscales del federalismo que no parecen hacer justicia a estados y municipios. La dependencia de estos respecto de la capacidad recaudadora de la federación para poder contar con recursos suficientes, exhibe un centralismo mucho más potente que el del siglo XIX. En este, los gobiernos municipales, alejados de los centros de decisión, contaban con más discrecionalidad, si bien presupuestariamente vivían en la zozobra. La consolidación del Estado nacional en el siglo XX, por más declaraciones y normas pro-municipalistas que hubiera, terminó por arrinconar a los ayuntamientos y a los gobiernos estatales a favor del centro. Hoy, el statu quo alcanzado, lejos del óptimo, parece mantenerlos serenos con los recursos que les llegan, siempre insuficientes.

Con todo, no sé si el énfasis deba ponerse en la cuestión fiscal más que en la democrática, pero me temo que el problema está precisamente ahí. Si en lo fiscal la situación es precaria, en lo democrático deja mucho que desear. Y todos parecen conformes, aunque inquietos, con el arreglo. Mientras la democracia con sus consecuencias, como la participación social en política pública y una burocracia profesional inamovible por razones partidistas, por mencionar dos aspectos esenciales, continúe en manos de élites de partidos y las decisiones se tomen en función de intereses políticos corporativos, la situación no cambiará mucho. Creo que el arreglo federalista norteamericano ha sido exitoso, no porque se le haya definido en sus contornos actuales desde el principio, sino porque los fundadores buscaban que el sistema democrático bajo el cual habían vivido en la era colonial, perviviera bajo una nueva realidad independiente. Y lo lograron bajo el régimen federalista presidencial en que, a diferencia nuestra, el presidente tiene claro que la democracia desde abajo es la que le da su potencia a la federación.