*

El concepto de democracia implica cierta interacción entre vacíos, esto si consideramos que para Lefort (1990: 190) el vacío principal corresponde al poder como un lugar susceptible de ser ocupado por los representantes que elige la sociedad pero que no deben adueñarse de esa posición privilegiada ya que ello implicaría un uso particular de algo que surge de y para el pueblo; mientras que para Rancière (2007: 38) el vacío principal radica precisamente en el pueblo, pues es un campo ambiguo que suele ser acaparado por la clase dominante, negando el derecho a participar y reivindicar a los dominados, generando un desacuerdo en el discurso oficial (o logos), que luego puede derivar en la verdadera política, que consiste en el movimiento que pugna por que se les reconozca su entrada en ese lugar vacío.

Cualquier variante de la democracia resulta insuficiente en las sociedades contemporáneas (y así ha sido siempre, de lo contrario, siguiendo a Rancière (2007: 18, 32), al tener una democracia suficiente, la política dejaría de existir, y no habría lucha de clases ni enfrentamientos sociales). Sin embargo, a pesar de las dificultades que implica la aplicación de la democracia, aún no hay un paradigma que logre superar todas las limitantes, es el paradigma dominante y el discurso político más aceptado en las sociedades contemporáneas. Robert Dahl (1989: 18) propone el término Poliarquía, que implica un régimen más participativo, pero es consciente de la dificultad de una aplicación universal y al final lo que propone es más bien una tipología en la que sitúa el tipo de régimen de diferentes países como cercanos o lejanos a dicho modelo. Además de ese, ha habido otros intentos por medir la calidad de la democracia incorporando los indicadores útiles para diversos fines analíticos, sin embargo, no hay un consenso, los parámetros para medir la calidad de la democracia son variados.

En el contexto de la democracia, uno de los aspectos susceptibles de generalización, es que estamos ante el reflejo práctico del principio teórico de la soberanía del pueblo en cuanto a decisiones políticas, pues “la democracia es una manera de ser de la sociedad, la soberanía del pueblo es una forma de gobierno” (Rosanvallon, 2006: 24). Y la manera en que se materializa la soberanía del pueblo es al ser depositada en la estructura institucional del Estado, lo que resulta una paradoja, pues regularmente las instituciones políticas y democráticas no son materialmente tangibles, pero son encabezadas por alguna autoridad.

De esa paradoja surge un grave problema, la persona que representa a la sociedad dentro de esas instituciones es la que manipula ese poder, que puede hacerlo de manera obediencial o de manera autoritaria, es decir, respectivamente ejerciendo el poder en aras de los intereses de la comunidad o de los intereses particulares (a título propio o de algún grupo particular). Generalmente cuando las instituciones políticas y democráticas son capturadas por intereses personales y se corrompen (aunque no exclusivamente, ya que también cuando funcionan correctamente) hay un acompañamiento retórico en el discurso que mantiene al pueblo bajo control y les intenta convencer acerca del buen desempeño de sus instituciones.

Al respecto, Rancière (2007: 88 - 109) tiene un interesante planteamiento desde la óptica de la filosofía política, y lo hace postulando la interacción de tres figuras teóricas: la arquipolítica (1), la parapolítica (2) y la metapolítica (3). En la primera se conforma el discurso político, en la segunda se instrumentan los mecanismos o políticas públicas con los que se respalda, y en la tercera el pueblo desmantela el falso discurso. Parece sencillo pensar en la metapolítica como es descrita por el autor, pero en realidad ese momento rara vez tiene lugar, pues la arquipolítica y la parapolítica suelen afianzarse con tanta fuerza que es difícil descubrir los engaños de la retórica y del discurso impuesto. Para destapar ese arreglo de dominación es necesario que haya un alto nivel de participación ciudadana en el uso de las capacidades institucionales y sobre todo en cuanto a la fiscalización de las personas que hacen uso de esas facultades, lo cual en la mayor parte de las ocasiones resulta complicado por el manejo asimétrico de la información, acompañado de un fuerte proceso de socialización mediante el cual se impone el discurso planeado y las fuerzas que actúan en contra del cambio, que por lo general son los beneficiados por el statu quo establecido. Una herramienta clave para lograr que se despeje la neblina de la arquipolítica son los diversos mecanismos de Accountability, o rendición de cuentas.

Así mismo, se pueden deducir algunos elementos deseables en cualquier democracia: contar con autoridades que cumplan con sus funciones, un manejo simétrico de la información gubernamental y de la información con la que se toman las decisiones públicas, una ciudadanía participativa y capaz de sostener un pensamiento crítico que le impida ser subordinada mediante el discurso del gobierno, entre otros. Cuando se evalúan elementos relativos al procedimiento democrático, las mediciones suelen enfocarse en las instituciones como unidad de análisis y lo hacen con una óptica vertical, desde lo más alto del poder hacia abajo. En esta corriente destaca la propuesta de Diamond y Morlino (2005: 212, 213), que define a una democracia de calidad como la que tiene una estructura institucional estable, con mecanismos funcionales y una legitimidad derivada del reconocimiento ciudadano a las instituciones, ya que promueven la libertad y la igualdad. Las dimensiones en las que mide la calidad son el imperio de la ley, participación ciudadana y la rendición de cuentas.

La calidad de una democracia no estriba únicamente en cumplir con una serie de indicadores (ese es el manejo inapropiado que se ha dado por los organismos internacionales), es menester que tenga de trasfondo el principio de justicia, legitimidad, eficacia, responsividad y satisfacción ciudadana para considerarla como una buena democracia. Si las instituciones no son justas, entonces debe haber un cambio institucional.

En la perspectiva de Rawls (en Gargarella, 1999: 21) la justicia es el valor que debe prevalecer en la vida de una institución política. Sin embargo, la justicia entra en conflicto al tener la necesidad de establecer una jerarquía entre el resto de los principios y valores que en la institución tienen lugar. Para subsanar ese conflicto Dworkin (en Gargarella, 1999: 28) sugiere incorporar un cuerpo de derechos fundamentales que no estén sujetos a modificaciones ni mutilaciones, que a pesar de las decisiones mayoritarias no puedan dejarse de lado. Así pues, la teoría de la justicia de Rawls se dirige a las instituciones sociales (jurídicas, políticas o económicas), y al modo en que distribuyen los derechos y obligaciones fundamentales. Estos aspectos van relacionados más con el diseño institucional, aunque es necesario complementarlo con el estudio del discurso institucional bajo la perspectiva metapolítica, la única capaz de generar una visión crítica. En contraste, la calidad de la democracia desde la mira procedimental incorpora un punto clave, los mecanismos de Accountability de diversa índole, algo que resulta indispensable para el tratamiento y la solución del problema planteado en un inicio, la corrupción de las instituciones políticas, la fetichización del poder.

La calidad de las democracias latinoamericanas, en cuanto al nivel de institucionalización, se encuentra bastante alejado al ideal propuesto en La Poliarquía de Dahl (1989: 15), ya que, aunque se cuenta con las elecciones como institución democrática por excelencia, los 8 puntos que propone están presentes, pero de una manera incompleta, en el caso de México:

Libertad de asociación, es promovida cuando se cuenta con un gran número de afiliados y se promueve como un partido político, pero en los casos de un número mediano de personas y los temas que se tratan en esa asociación son opuestos al discurso gubernamental, existen herramientas (4) que pueden castigarlos como si se tratase de crimen organizado.

Partiendo del análisis que sugiere Dahl (1989: 15), en realidad estamos lejos de ser un Estado altamente institucionalizado, políticamente hablando. La institucionalización puede contemplar tanto reglas formales como informales; en cuanto a las instituciones formales, las elecciones probablemente se sigan consolidando a pesar de las fallas mencionadas, pero en cuanto a las reglas informales, la práctica predominante en América Latina y en particular en México es el clientelismo (Olvera, 2011: 317; O’Donnell, 1997: 307, 318, 326) que se adueña de la estructura institucional y la corrompe, en las modalidades de nepotismo, patronazgo, favoritismo, incumplimiento y corrupción, todas ellas en forma de rituales políticos (O’Donnell, 1997: 319) se van haciendo parte del momento parapolítico, es decir, son la manera tradicional de hacer los arreglos políticos (6) mientras que la desconfianza e insatisfacción que generan en la ciudadanía provocan antipatía política y una carente participación informada, por lo que la etapa de metapolítica propuesta por Rancière (2007: 107) parece lejana en nuestro contexto.

La institucionalización de las elecciones constituye un mecanismo de Accountability retrospectivo y vertical (O’Donnell, 1997: 296, 324) en el que el ciudadano puede retirar su apoyo electoral al funcionario que le ha defraudado en sus expectativas, sin embargo ese mecanismo se lleva a cabo una vez cada varios años, y pocas veces el funcionario que actuó mal se expone a esa revisión, ya que la reelección personal no opera en los cargos electivos de representación, generalmente quien lleva esa carga es el partido político, que suele provocar el olvido del error mediante fuertes campañas mediáticas distractoras. Muchas veces el ciudadano no puede saber quién es el responsable para retirarle el voto por determinadas acciones, las políticas abarcan amplios sectores y programas, el ciudadano solamente cuenta con un voto (o estrictamente con el voto para tres niveles ejecutivos y dos legislativos desagregados posteriormente en senadores, diputados locales y diputados federales). Según O’Donnell (1997: 293) “Una democracia no institucionalizada se caracteriza por el poco alcance, la debilidad y la baja densidad de las instituciones políticas existentes. El lugar de esas instituciones queda ocupado por otras prácticas no formalizadas, pero firmemente afirmadas –el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción-.”