Biopiratería o participación justa en los beneficios que se deriven de la utilización de los Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales de Comunidades Rurales- Indígenas en Países del Sur-Global

Introducción

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Objeción Nro. 6 al argumento utilitarista de Peter Singer para una crítica a la “Ley de Semillas” promovida por los agronegocios sojeros en Argentina

Antonio Aracre, director de la empresa de agronegocios Syngenta, respondió al entrevistador: “- ¿Qué necesita (…) la nueva Ley de Semillas para transformar a Argentina en el tercer “tigre” mundial? – “Generar la suficiente atracción en la inversión que haga que este efecto multiplicador de la inversión y el empleo se produzca. Y eso se traduce fácilmente en cinco palabras: eliminación del uso propio gratuito. No hay mercado, país civilizado del mundo, donde las inversiones se sustenten con uso propio gratuito como el que tenemos en Argentina” (Agrovoz, 2016).

La “Ley de Semillas” (Ver Anexo I), promovida por la industria de los agronegocios especializada en la tecnologización transgénica (Bayer-Monsanto, Corteva, Syngenta…), supone la institución de una “tarifa social sojera” para pequeños productores y el pago de regalías por derechos de propiedad intelectual sobre las semillas modificadas para el resto. Luego, se extiende con la sanción de la ley la pérdida de la diversidad biológica por la maximización del monocultivo sojero -conducente a una radical reprimarización de la economía dependiente de formas neocoloniales de dominación en el siglo XXI-, así como la monopolización centrada en agroempresas multinacionales fundadas en el extractivismo que, sin más, expolian la fertilidad de la tierra concentrada en “pools de siembra”, gracias a un incesante proceso de commodificación de la agricultura.

La eliminación del “uso propio” supone que las agroempresas adquieren el derecho de cobrar regalías por cada ciclo de siembra en el que un agricultor utilice semillas genéticamente firmadas por un propietario. Así: ¿Por qué la “Ley de Semillas” es un caso de biopiratería? ¿Es ética?

La Biopiratería consiste en la apropiación por parte del capital transnacional de la industria biotecnológica de los Recursos Genéticos (R.R. G.G) de la vida y de los Conocimientos Tradicionales (C.C.T.T) de las comunidades rurales-indígenas, para su explotación y rentabilización sin participación de dichos colectivos en los beneficios derivados, contrariando el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB 1992) y Protocolo de Nagoya (PN 2011). No obstante, desde la perspectiva de las trasnacionales

–especialmente agrícolas y farmacéuticas-, es biopiratería la utilización sin consentimiento de sus productos o innovaciones patentadas, sea este uso consciente o no.

El presente artículo indaga el primer sentido de Biopiratería/Bioprospección desde la perspectiva bioética del principio de utilidad formulado por la teoría consecuencialista e inscrito en el marco legal-global que trató la temática en los últimos 50 años. En este sentido, se propone una metodología de estudio idiográfico-longitudinal, con enfoque cualitativo de interpretación heurístico-hermenéutica de caso, a fin de describir el fenómeno de la Biopiratería/Bioprospección en su dimensión crítica frente al principio de beneficencia, consistente en alcanzar “el mayor bien para el mayor número de personas”.

Por último, se ensaya una 6ta objeción al argumento utilitarista de Peter Singer (1995), formalizado a través de lógica silogística con modus ponendo ponens, para así dar cuenta de una crítica a la posición utilitarista del autor con fundamento en la base empírica utilizada, considerando a la Biopiratería encuadrada en la “Ley de Semillas” como referencia del caso.

¿Qué es la biopiratería?

Por su etimología -del latín pirata, éste del griego πειρατης y relacionado con πειραω: “intentar, esforzarse…”-, “piratear” denota el intento de obtener la fortuna en la aventura, siendo extendido su uso con la expansión colonialista europea desde el siglo XVI, cuando “Corsarios, piratas, filibusteros o bucaneros fueron una suerte de avanzadillas de las transnacionales contemporáneas, en tanto se desplegaban por el mundo conocido entonces, tratando de lucrar a como dé lugar de las múltiples oportunidades de “negocio” que ofrecían la conquista y la colonización” (Acosta 2015:10). Luego, la piratería es interdependiente, como práctica, a la emergencia histórica del colonialismo capitalista europeo y vinculado así a la obtención de rentabilidad por la posesión sin consentimiento de bienes materiales, de suerte que, en términos sintácticos, sea ininteligible sin el colonialismo-capitalista como categoría lógica que la contiene; inmediatamente, “colonizar”

-del latín colonia- se refiere a la apropiación de territorios por parte de una población extraña al sitio. En este contexto, “piratear” como práctica de apropiación natural al colonialismo convalida la coerción en cuanto “intento de” apropiarse de un bien específico, si se entiende que el carácter de lo apropiado es en sí mismo tangible, sea que se trate de territorios, recursos naturales o entidades vivas.

No obstante, la virtualización y/o informatización de los bienes materiales devenidos en datos intangibles produjo la metamorfosis misma del sistema de producción, que sin abandonar la estructura moderna que lo modeló se constituyó como capitalismo cognitivo -en las tesis de Vercelone (2011) o Fumagalli (2010), refiriéndose al conjunto de prácticas económicas vinculadas a la producción globalizada de conocimientos que, en los siglos XX y XXI justifica en forma paradigmática la institución de la “propiedad intelectual” como dispositivo de apropiación de los saberes sociales producidos, en consideración de la biodiversidad -devenida inmaterial por la codificación de su genética-, como fuente de riqueza estratégica disponible para su explotación:

Las altas cúpulas de las grandes corporaciones multinacionales (CMN) y los estados nacionales centrales, representantes de la lógica del capitalismo, han diseñado dos líneas de acción por demás complejas. Por un lado, la construcción de un sistema de bioprospección mundial, y por otro, como resultado necesario, el desarrollo de un sistema mundial de propiedad intelectual que penetre las oficinas de patentes nacionales y que permita en un solo movimiento hacer válida la propiedad privada en todo el mundo. Esto último ha redefinido el sistema mundial de derecho internacional público, al inaugurar una nueva especialidad conocida como derecho génico y que se refiere justamente a los lineamientos legales que establezcan un derecho (privado) sobre la vida” (Delgado Ramos, G. 2001:179)

La semántica-pragmática de la biopiratería es redefinida así por la institución del capitalismo cognitivo o biocapitalismo, cuya modalidad de apropiación de bienes intangibles se sustenta en el dispositivo legal-global del patentamiento que supone, a su vez, la privatización del par conocimiento-vida con el fin de mercantilizarlo conforme a una lógica de explotación extractivista que genere rentabilidad. En este sentido la bioprospección comprende que toda investigación selectiva de la biodiversidad cuyo objetivo consiste en hallar recursos genéticos rentables, patentándolos luego, depende intrínsecamente del conocimiento poseído por las comunidades rurales-indígenas que han establecido una relación ancestral-empírica con la naturaleza (Delgado Ramos 2001).

Si el término “biopiratería” fue acuñado por Pat Mooney, presidente de Rural Advancement Fund International (RAFI, ahora ETC Group) para definir: “la utilización de los sistemas de propiedad intelectual para legitimar la propiedad y el control exclusivos de conocimientos y recursos biológicos sin reconocimiento, recompensa o protección de las contribuciones de las comunidades indígenas y campesinas, por lo que la bioprospección no se puede ver más que como biopiratería” (Mooney, 1999), la bioprospección en la época del capitalismo cognitivo es ininteligible sin el neocolonialismo como categoría lógica que la contiene.

El contexto de justificación del enunciado teórico anterior precisa de la correspondencia semántica positiva dada por efecto de la contrastación empírica que supone observar, estadísticamente, si el capital financiero trasnacional de la industria biotecnológica ha maximizado su rentabilidad con fundamento en la apropiación de los saberes de comunidades rurales-indígenas en países no-desarrollados industrialmente. Pero, dado que se trata de un objetivo que excede largamente a los propuestos en el presente estudio, más luego ha sido constatado por innumerables estudios, de tal que, en términos cuantitativos: “Aproximadamente tres cuartas partes de los medicamentos de receta derivados de plantas en el mundo fueron utilizados primero por indígenas, lo que permitió su “descubrimiento” posterior por empresas y laboratorios de países industrializados. Se calcula, según cifras de 1996, que la industria farmacéutica global tiene ganancias por más de 32.000 millones de dólares anuales gracias al uso de remedios tradicionales que incorporó a medicamentos de receta” (Ribeiro, S en: Acosta, A; Martínez, E 2015:120).

La bioprospección supone al capitalismo cognitivo como manifestación del neocolonialismo que, por medio de los mecanismos de patentamiento y/o protección de la propiedad intelectual se apropia coercitivamente de los R.R.G.G y C.C.T.T de las comunidades rurales- indígenas, en conformidad con un sistema-mundo en el que las industrias trasnacionales - independientemente o no de los estados centrales desarrollados-, rentabilizan su producción vulnerando los principios bioéticos de beneficencia y autonomía de las poblaciones en estados en desarrollo, que aplican por su parte los sistemas legales de patentamiento y propiedad legal exigidos por la OMC sin recibir como beneficio inversión extranjera directa, dado que “La globalización y armonización de los sistemas de patentes sí beneficia a las corporaciones, que pueden extender sus monopolios de mercado a más países y excluir con mayor efectividad a eventuales competidores locales. Pero la inversión extranjera incluso puede disminuir, ya que las corporaciones estarán habilitadas a proteger sus propias tecnologías y productos en nuevos mercados, sin que hagan transferencia al país ni generen nuevos empleos” (Ribeiro, S en: Acosta, A; Martínez, E 2015:127).

Marco jurídico internacional de protección

La protección legal de los C.C.T.T de las comunidades rurales-indígenas fue una preocupación incipiente en la década de los 80’, con foco en las expresiones particulares del folklore, formulándose en 1985 por la UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Disposiciones Modelo para Leyes Nacionales sobre Protección de las Expresiones de Folklore contra su Explotación Ilícita y Otras Acciones Perjudiciales, actualizada por UNESCO con la aprobación, en el año 2003, de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Sin embargo, dicho marco legislativo consideraba una articulación para protección de saberes generales, esto es, para Expresiones Culturales Tradicionales (ECT), y ya no de C.C.T.T asociados a la diversidad biológica.

En este marco es que se desarrolla el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TI FAO, 1983), sobre derechos del agricultor y su relevancia en la conservación de saberes y diversidad biológica. Pero es el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) desarrollado por la Conferencia de las Partes (COP) de Naciones Unidas (ONU), vigente desde 1993 en 193 países actualmente, el que concita relevancia al modificar el paradigma de comprensión de determinados recursos materiales o simbólicos como “patrimonio común de la humanidad”, al reconocimiento por el que los Estados son soberanos en el ejercicio del derecho sobre dichos recursos; traza así tres objetivos, de los cuales el tercero es el más relevante para el caso:

1. La conservación de la diversidad biológica.

2. El uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica.

3. La distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.

Específicamente, entiende que:

Preámbulo: La estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes” (CDB 1992:2)

De lo que se infiere como una de las modalidades de preservación in situ, en su Artículo 8. Inciso j):

Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

El CDB, y con especial atención el anterior artículo, ha supuesto que el Estado debe administrar el acceso a sus recursos biológicos garantizando, en su Artículo 15: “el consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa” y, en relación con la beneficencia, que “Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, de conformidad con los artículos 16 y 19 y, cuando sea necesario, por conducto del mecanismo financiero previsto en los artículos 20 y 21, para compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas”. Luego, el CDB es explícito al precisar la necesidad de una retribución justa por el aporte de R.R.G.G y C.C.T.T de las comunidades rurales-indígenas.

En esa misma década y en simultáneo con la discusión de OMPI, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT – actual OMC) y el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), discutían los mecanismos de extensión de la propiedad intelectual y patentamiento en el área de la biotecnología, incluyendo R.R.G.G, de tal que la exigencia de los países en desarrollo se sostuvo en la obligatoriedad de compartir de manera equitativa los beneficios obtenidos. En la Cuarta Conferencia de las Partes del CDB, llevada a cabo en Bratislava (1998) se instituyó el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el Artículo 8j, en el que las comunidades rurales- indígenas participaron activamente, especialmente en la sesión de 2006 realizada en Granada.

Luego, la protección legal contra la prospección se vale de instrumentos como contratos o licencias de uso de conocimientos, derechos de propiedad intelectual, sistemas de acceso a recursos genéticos, formas de derecho consuetudinario, etc. Asimismo, es en el seno de la OMC, en la Declaración de Doha (2001) que el Artículo 27 exponía la preocupación de Perú, Australia, India y otros países en desarrollo sobre los ADPIC y el patentamiento de R.R.G.G. Al respecto, en el Examen de las Disposiciones del Párrafo 3b) del Artículo 27 (OMC 2006), se explicita que “En lo que respecta a lo nuevo, se ha aducido que se debería introducir la prescripción de novedad universal para hacer frente a la piratería de los conocimientos tradicionales. Se ha dicho que algunos Miembros definen lo nuevo de una manera que no tiene en cuenta la información a disposición del público por conducto de tradiciones orales fuera de sus jurisdicciones nacionales. Esta cuestión se trata más a fondo en la nota resumida de la Secretaría sobre la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore” (OMC 2006:16). Luego, en dicha nota resumida Protección de los conocimientos tradicionales y el folclore (OMC 2006), se expone que hay de hecho intereses económicos comunes “Ya que proporcionan indicios para la elaboración de productos y procesos útiles, en particular en los sectores farmacéutico y agropecuario, ahorrando tiempo y dinero a la industria biotecnológica. Por estas razones es de interés común para la humanidad favorecer la preservación de los conocimientos tradicionales y la continuidad de la vena creadora de las poblaciones y comunidades que los generan y desarrollan” (OMC 2006:3).

De la misma manera, a la vez que fomentar dichos conocimientos, el documento supone requerido garantizar la equidad, en tanto los poseedores de los C.C.T.T debieran participar en los beneficios económicos que estos pudieran eventualmente generar.

El conjunto de deliberaciones inferidas del CDB y de los ADPIC de OMC conformaron las bases para la controvertida aprobación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica (PN 2011), con especial atención en el tercer objetivo del CDB.

El objetivo general del documento formulado en su Artículo 1 es: “La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes (PN 2011:4). Luego, en su Artículo 5, expone que “Los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos, así como las aplicaciones y comercialización subsiguientes, se compartirán de manera justa y equitativa con la Parte que aporta dichos recursos que sea el país de origen de dichos recursos o una Parte que haya adquirido los recursos genéticos de conformidad con el Convenio. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas” (PN 2011:6), siendo que los beneficios pudieran ser monetarios y no monetarios. Finalmente, en su Artículo 6, se busca “Asegurar que se obtenga el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos genéticos cuando estas tengan el derecho establecido a otorgar acceso a dichos recursos” (PN 2011:6).

De acuerdo a lo expuesto, el CDB en su objetivo tercero ha sido el punto de partida para poner en cuestión la diferencia dada entre los países centrales, poseedores de desarrollo biotecnológico, y los países en desarrollo, poseedores de R.R.G.G y C.C. T.T. Luego, la prospección trasnacional a fin de apropiarse de dichos recursos es minimizada de acuerdo al establecimiento de un marco legal que condiciona el acceso a los recursos según la cumplimentación de los principios bioéticos de beneficencia y autonomía.

Epibatidine: biopiratería en Ecuador

En la edición del 17 de diciembre de 1998 de GRAIN, un breve artículo titulado Biopiratería en Ecuador da cuenta de la síntesis de Epibatidine, un químico segregado por una rana neotro pical venosa llamada “Epipedobates tricolor” que habita en la región andina: “Esta especie de gran interés para la ciencia ha sido utilizada ancestralmente por indígenas ecuatorianos en sus actividades de caza, en cerbatanas cuyos dardos venenosos causan la muerte inmediata al entrar en el sistema sanguíneo de su presa. Fue el científico del Instituto Nacional de Salud de EE.UU., John Daley, quien identificó la estructura química de esta sustancia de la rana, gracias a la información sobre los efectos fisiológicos de las secreciones de la misma proporcionada por comunidades indígenas y locales” (GRAIN 1998). La crónica señala que la obtención del principio activo se realizó por la captura ilegal de una muestra de 750 ranas por vía diplomática, en tanto el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales (INEFAN) no había otorgado licencia alguna para la explotación del recurso con fines comerciales. No obstante, los Laboratorios Abbot lanzaron al mercado “el producto ABT-594 (derivado de la epibatidine), analgésico 200 veces más poderoso que la morfina” (GRAIN 1998).

Conclusión 1

De acuerdo a la pregunta ¿Es útil el sacrificio injusto de la comunidad indígena? o ¿Es ética la biopiratería?, es posible comprender que la conjunción de R1 y R2, habría de permitir introducir “la apropiación de los R.R.G.G y C.C.T.T de comunidades rurales-indígenas” en la dimensión ética del razonamiento de Singer, por medio de un silogismo hipotético. De esta manera:

Razonamiento 3 (R3)

Si podemos (“los ricos absolutos”) evitar que ocurra algo malo sin sacrificar nada de una importancia comparable (A), podemos (“los ricos absolutos”) evitar la apropiación de los R.R.G.G y C.C.T.T de comunidades rurales-indígenas (B).

Si podemos (“los ricos absolutos”) evitar la apropiación de los R.R.G.G y C.C.T.T de comunidades rurales-indígenas (B), podemos evitar ser éticamente responsables de la “pobreza absoluta” (C).

∴ Si podemos (“los ricos absolutos”) evitar que ocurra algo malo sin sacrificar nada de una importancia comparable (A), entonces podemos evitar ser éticamente responsables de la “pobreza absoluta” (C).

Por lo dado, se ha modificado el contenido extensional del razonamiento, siendo entonces que los “ricos absolutos” no han de sacrificar ya meros objetos de lujo, sino la apropiación misma de los R.R.G.G y C.C.T.T de comunidades rurales-indígenas, a fin de evitar ser éticamente responsables de la “pobreza absoluta” generada. No obstante ¿Produce el sacrificio de la biopiratería/bioprospección un efecto comparable a la “pobreza absoluta” que debe evitarse? En otras palabras ¿Es éticamente útil el sacrificio del neocolonialismo para evitar que los “ricos absolutos” sean éticamente responsables de la “pobreza absoluta” en los países del Sur-Global? Tal interrogante invierte al primeramente formulado, a saber:

¿Es útil el sacrificio injusto de la comunidad rural-indígena?

Desde esta perspectiva, los “ricos absolutos” no son éticamente responsables del “asesinato/dejar morir” de “pobres absolutos” en razón de la ausencia de un dispositivo de transferencia tecnológico-financiera a los países en desarrollo, sino por recibir financiamiento de “pobres absolutos” obteniendo a su vez beneficios monetarios por mediación de prácticas neocoloniales como la biopiratería/bioprospección, tal como sucede con los agronegocios y la “Ley de Semillas”

Conclusión

“Debemos evitar parte de la pobreza absoluta”. Dada la pregunta ¿Es útil el sacrificio injusto de la comunidad indígena? o ¿Es ética la biopiratería?

1. Si se interpreta que “no sacrificar nada de una importancia comparable” exige renunciar a prácticas neocoloniales como dispositivo que “asesina/deja morir” a las comunidades rurales-indígenas, los “ricos absolutos” podemos entonces “evitar que ocurra algo malo”, esto es, “evitar parte de la pobreza absoluta”, por cuanto la biopiratería (de Bayer- Monsanto, Corteva, Syngenta…) no es ética y el sacrificio de la comunidad colonizada es inútil, cumplimentando a su vez la participación justa en los beneficios que se deriven de la utilización de los R.R.G.G. y C.C.T.T. de Comunidades rurales-indígenas de acuerdo al CDB y PN.

2. Por el contrario, si sacrificar el neocolonialismo produce efectos comparables a la “pobreza absoluta” (v.gr: incrementándola), el sacrificio injusto de la comunidad rural- indígena –y con ello: la commodificación de la agricultura-, por mediación de la biopiratería es útil, esto es, ética.