Organizaciones de la sociedad civil en México. Breve nota

Problema

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Según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC) a cargo de la Dirección General de Bienestar y la Cohesión Social antes Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) existen 43, 487 organizaciones de la sociedad civil (osc en adelante) en México, actualmente. Los siguientes datos informan sobre un aumento de osc en México en los últimos 20 años, pero sólo en términos absolutos, debido a que el crecimiento de las mismas por año ha disminuido como lo afirma Chávez y González (2018) y la organización Alternativas y Capacidades (2021). Primero, se afirma que en el año 2001 a 2006 hay un ascenso de organizaciones, pero es a partir de 2006 al 2013 que se da un crecimiento exponencial, pues en “un primer periodo de 2006 a 2012, en que el promedio de OSC creadas anualmente –inscritas en el RFOSC– fue de 2,410, y un segundo periodo con un promedio de 3,708 OSC inscritas entre 2013” (Chávez y González, 2018, p. 62); aumento que en términos porcentuales correspondía a un 49% en 2006, un 39% en 2007 y hasta un 24% en 2013, este aumento se relaciona con la transición política que se llevó en México cuando el partido hegemónico (PRI) perdió el poder después 70 años y la sociedad civil comienza a surgir con mayor libertad de ser cooptada por grupos corporativistas o religiosos como había sido con anterioridad (Chávez, 2018) (Natal, 2013); también se tiene en cuenta que este aumento también se debe a la creación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) en el año 2004. La LFFAROSC es “la normatividad a nivel federal que regula y promueve las actividades de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)” (Becker, Gónzalez,2018, p. 19).

No obstante, después del año 2014 se observa una tasa de crecimiento a la baja, para 2015 con un 10%, para 2017 un 7%, para 2019 un 4% y para 2020 un 2%, por lo que desde 2014 a la actualidad se observa una disminución y una tendencia a la baja con respecto a la creación de las mismas y su registro. En ese sentido, Alternativas y Capacidades (2021) indica que 9 de cada 10 osc se constituyeron a partir del año 2001, lo cual puede estar relacionado con los cambios en la vida política de México a inicios del siglo XXI, en donde se dio la alternancia de partidos políticos, entre otros. La siguiente tabla y gráfica describen el número de osc creadas en México desde 2001 a 2020 (ver tabla 1 y ver gráfica 1).

Si bien, se tiene en cuenta que el hecho de que algunas osc no estén registradas se debe a múltiples factores desde la características específicas para ser calificadas como tal, hasta el hecho de que obligar a que se registren podría incluso poner en riesgo el derecho de asociación, es importante reconocer que en México este sector es más pequeño que en otros países de América Latina como Brasil y Argentina, Chile, según Chávez y Muñoz 2018 en México hay 33 osc por cada 100,000 habitantes, mientras que en Brasil corresponde a 170 osc por cada 100,000 habitantes, en Argentina a 270, y en Chile a 650 por cada 100,000 habitantes. Los autores también utilizaron este indicador a nivel nacional con respecto a las entidades federativas, en donde señalan que el 50% de las organizaciones se concentra en seis entidades de la república y son la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Jalisco, siendo la ciudad de México la entidad federativa con el mayor índice: 66.2 osc por cada 100,000 habitantes, aunque se tiene en consideración qué es la entidad con mayor número de habitantes a nivel nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en Información de y Alternativas y Capacidades (2021).

Ahora bien, las organizaciones de la sociedad civil en México, no buscan hacer un contrapeso al Estado sino atender situaciones que son obligación y competencia del Estado como la asistencia social a los más vulnerables, atender temas relacionados a la educación en distintos ámbitos, a la economía de los hogares, entre muchos otros. Además, que “las instituciones sin fines de lucro privadas representan el 1.37% del PIB, emplea a más de 700 mil personas y movilizan a más de 2 millones de voluntarios. Además de la afectación de la población atendida” (Alternativas y Capacidades, 2021). Sin olvidar mencionar que en un país con un Estado moderno y democrático la participación de la sociedad civil es imprescindible para la ciudadanía. Por lo tanto, 9 de cada 10 organizaciones de la sociedad civil que se han constituido desde 2001 a la fecha, son un indicador de los cambios políticos y sociales que se presentaron en México a inicios de siglo XXI. Esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué los cambios políticos y sociales en México iniciados desde 2001 son un indicador con respecto al número de osc que se han constituido? Por lo que una respuesta tentativa podría ser la siguiente: El número de organizaciones de la sociedad civil en México, constituidas desde el año 2001 tiene relación directa con los cambios políticos y sociales debido a la apertura de la acción colectiva y la participación ciudadana alejada de los grupos corporativistas y religiosos.

Marco teórico

La teoría que sostiene este análisis tiene en cuenta en primer lugar que la participación es entendida como una acción colectiva por parte de distintos actores sociales con la finalidad de cuestionar los procesos que se llevan a cabo en la esfera pública (Bobbio, 1994). Por consiguiente, la participación ciudadana se gesta dentro de los regímenes democráticos, además de que deben existir una serie de condiciones para que esta tenga lugar: a) respeto por las garantías individuales, b) canales institucionales y marcos jurídicos, c) información y d) confianza de los ciudadanos hacia las instituciones (Serrano, 2015, p. 97).

En ese sentido, se entiende como participación ciudadana a “la intervención organizada de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas (Olvera, 2009, p. 3), además que dicha participación “se convierte en el medio privilegiado de la llamada sociedad civil para hacerse presente en la toma de decisiones políticas” (Merino, 2010, p. 29).

Por otro lado, Ana Díaz Aldret (2017) entiende a la participación ciudadana como “el proceso a través del cual los ciudadanos, que no ostentan cargos ni funciones públicas, buscan compartir en algún grado las decisiones sobre los asuntos que les afectan con los actores gubernamentales e incidir en ellas” (Díaz, 2015, p.343).

En ese sentido, Norberto Bobbio (1994), comprende a la sociedad civil como una dicotomía del Estado, es decir, “la sociedad y el Estado fungen como dos momentos necesarios, separados pero contiguos, diferentes pero interdependientes, del sistema social en su complejidad y en toda su articulación” (Bobbio, 1994, p. 67). Por lo que la sociedad civil está compuesta por organizaciones, asociaciones y otros grupos con demandas específicas hacia el Estado, las cuales están mediadas por una complejidad y procesos contradictorios debido a la heterogeneidad y diversidad entre las organizaciones e instituciones que las componen.

En ese marco, me parece importante mencionar algunos puntos que señala Alberto Olvera (2002) sobre lo que es la sociedad civil:

En primer lugar, señala que la sociedad civil no es un actor colectivo y homogéneo, sino más bien, “un conjunto heterogéneo de múltiples actores sociales con frecuencia opuestos entre sí, que participan en diferentes espacios públicos y que por lo general tienen sus propios canales de articulación con los sistemas político y económico. Esto quiere decir que la sociedad civil está entrecruzada por múltiples conflictos, que es en todo caso una “arena de arenas” y no un territorio de convivencia pacífica y no conflictiva”, (...) tiende a promover el principio de un control social sobre el Estado y el mercado, a defender el estado de derecho y la cultura de la tolerancia como los fundamentos mínimos que le permiten sobrevivir y desarrollarse” (Olvera, 2002, p. 403).

En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil “son una expresión de la ciudadanía activa” (Girardo y Mochi, 2012, p. 336) por lo tanto “las instituciones que componen este sector son las organizaciones no gubernamentales (ONG), las asociaciones, las organizaciones de base o de apoyo, de defensa de los derechos, las organizaciones ciudadanas; instituciones de asistencia privada, asociaciones de vecinos, fundaciones; organizaciones de tipo cultural, de matriz religiosa, deportivas y de esparcimiento; urbanas territoriales, de comunidades indígenas, de estudios y análisis políticos; entre muchas más” (Girardo y Mochi, 2012, p. 336).

Alberto J. Olvera (2009) sostiene que en México ha existido una limitada participación ciudadana, argumento que se sostiene con base en la historia de las instituciones participativas, es decir, en México el tema de la sociedad civil ha sido atravesado desde la Colonia por órdenes religiosas, situación que prevaleció hasta la Revolución Mexicana, sin embargo, después de la época revolucionaria con el poder del partido hegemónico (PRI) y de la Iglesia en menor medida, la sociedad mexicana se encontraba en una situación limitada para organizarse, es decir, “en ese contexto los ciudadanos sólo podían moverse organizadamente dentro de los confines permitidos por alguno de los dos poderes: o al amparo del partido-gobierno, o a la sombra de la Iglesia” (Verduzco, 2001, p. 35). Por lo tanto, es “a través del sistema corporativista, que el Estado cooptó la acción social, tal y como era tradición en esa época de gobiernos duros, (...) Así, el Estado de aquella etapa de la historia de México se posicionó al centro de la vida pública, decidiendo qué formas de expresión social y acción social eran legales y cuáles no, y cuáles podían ser financiadas o no” (Natal, 2013, p. 26).

Por lo tanto, se infiere que en México es hasta las últimas décadas del siglo XX cuando el partido hegemónico pierde el poder, junto con el impulso de gobiernos liberales que se comienza a vislumbrar un panorama de mayor oportunidad para la asociación bajo un esquema moderno de beneficencia pública (Verduzco, 2001).

Por tanto, las prácticas de participación ciudadana abren las posibilidades para reafirmar la democracia del país, también se convierte en una herramienta esencial para fortalecer lazos de convivencia con el gobierno, además de que a través de ella se proponen nuevas soluciones ante los problemas de ineficacia del Estado.